Cuando la ciudad reconoció a sus médicos tradicionales

Los primeros folios de la medicina indígena en la Ciudad de México y el significado de un acto que sigue vivo

Hay fechas que no aparecen en los libros de historia pero que cambian el rumbo de una institución. El 17 de octubre de 2011 es una de ellas para la medicina tradicional de la Ciudad de México. Ese día, el Consejo de los Pueblos y Barrios Originarios del Distrito Federal entregó los primeros reconocimientos formales a médicos tradicionales de la capital. Fueron alrededor de 160 folios, emitidos con base en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, en la normativa local y, sobre todo, en la validación que las propias asambleas comunitarias habían hecho de cada uno de esos portadores de saberes. No fue un trámite menor. Fue la primera vez que una instancia del gobierno civil de la capital reconocía por escrito a quienes durante siglos habían sanado desde los márgenes del sistema.

Conviene detenerse en lo que ocurrió antes de ese día, porque el folio no nació de la nada. En marzo de 2007, el gobierno de la ciudad había creado, mediante acuerdo publicado en la Gaceta Oficial, el Consejo de los Pueblos y Barrios Originarios del Distrito Federal. Su mandato era amplio: preservar, promover y difundir las culturas, tradiciones e identidades de los pueblos originarios de la capital. Entre las dependencias que se coordinaban con el Consejo estaba la Secretaría de Salud, el INAH (Instituto Nacional de Antropología e Historia y el INI (INPI, Instituto Nacional Indigenista, Instituto Nacional de Pueblos Indigenas). Ese detalle, que puede parecer administrativo, decía algo importante: la medicina tradicional no era un asunto folclórico, sino una responsabilidad pública.

A partir de 2010, el Consejo, dirigido por Fabiola Poblano Ramos, puso en marcha un programa de certificación de artesanos que con el tiempo se amplió a otros saberes y oficios. En enero de 2011 se constituyó formalmente el Comité de Identificación, Preservación y Difusión de la Medicina Tradicional, con participación de instancias de gobierno, practicantes e instituciones académicas. Ese comité fue el espacio donde se definió el procedimiento: recepción de solicitudes, entrevistas, presentación de los conocimientos y prácticas, evaluación, elaboración de dictámenes y, finalmente, expedición de los documentos. No era una oficina que firmaba credenciales al azar. Era un proceso con reglas muy cuidadosamente elaboradas y ejecutadas, con responsables identificables y con una finalidad pública. Las reglas de operación del programa, publicadas años después, en 2017, documentaron con detalle esa metodología y confirmaron que el reconocimiento no era una distinción honorífica informal, sino parte de una política pública con procedimientos formales.

El respaldo de los propios médicos tradicionales fue decisivo. La Junta Autónoma Pacayeliztli de Saberes de la Ue-Tenochtitlan y Nonoalco-Tlatelolco, conocida como JAPSUN, aportó no solo el conocimiento técnico de la medicina mexica, sino la legitimidad que solo puede dar quien practica y transmite un saber. Los médicos tradicionales José Ricardo Ruiz, Daniel Vargas Anaya y Leonor Alpízar Sánchez fueron convocados para supervisar parte de ese esfuerzo. No fueron invitados de ceremonia. Fueron los referentes que garantizaron que el reconocimiento no fuera una imposición externa, sino una validación compartida entre el Estado, las comunidades de pueblos originarios y quienes realmente ejercían la medicina tradicional. Detrás de cada folio estuvo el respaldo de asambleas, de curanderos locales con décadas de práctica y de un proceso que exigía demostrar conocimientos adquiridos a lo largo de años de aprendizaje y servicio. Esa dimensión comunitaria es la que distingue un reconocimiento auténtico de un simple trámite administrativo.

La iniciativa tampoco operó en el vacío jurídico. Desde 1990, México había ratificado el Convenio 169 de la OIT, cuyo artículo 25 obliga a los Estados a organizar los servicios de salud considerando las condiciones culturales de los pueblos indígenas y tomando en cuenta sus métodos de prevención, prácticas curativas y medicamentos tradicionales. El artículo 23 del mismo convenio reconoce la importancia de las actividades tradicionales para el mantenimiento de la cultura. En 2007, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que en sus artículos 24 y 31 reconoce expresamente el derecho a las medicinas tradicionales y a proteger los conocimientos ancestrales. La Convención de la UNESCO de 2003, por su parte, aportó el marco para entender estos saberes como patrimonio vivo, que debe ser identificado, documentado y transmitido. Cuando el Consejo emitió los folios, lo hizo dentro de un entramado de obligaciones que el Estado mexicano ya había asumido. La coordinación del Consejo estuvo a cargo de Fabiola Poblano Ramos, quien junto con los médicos tradicionales y las asambleas comunitarias sostuvo el proceso en sus años decisivos.

Lo que vino después confirma la importancia de aquel primer paso. En 2017, la Constitución Política de la Ciudad de México reconoció en su artículo 8, apartado H, el derecho de los pueblos y barrios originarios y de las comunidades indígenas residentes a sus prácticas de salud, sanación y medicina tradicional, así como a sus médicos tradicionales. En 2019, la Ley de Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes dedicó su artículo 41 a la medicina indígena tradicional y ordenó la constitución de un registro. Y en septiembre de 2024, la reforma al artículo 2 de la Constitución federal reconoció expresamente el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a desarrollar, practicar, fortalecer y promover la medicina tradicional, así como a las personas que la ejercen, incluidos sus saberes y prácticas de salud.

Esa secuencia tiene una lectura que conviene subrayar: el esfuerzo y la iniciativa del Consejo de Pueblos y barrios Originarios de cd de México logró que el reconocimiento administrativo precediera al reconocimiento constitucional. La ciudad y sus pueblos no esperaron a que la ley federal le dijera que los médicos tradicionales existían para emitir los primeros folios. Lo hizo antes, con los instrumentos que tenía a la mano. Esa anticipación es lo que da a la iniciativa su valor de precedente. No fue una consecuencia de la ley; fue un acto que después la ley vino a confirmar.

La memoria de aquel esfuerzo se preservó. En 2020, la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes publicó el libro La medicina tradicional indígena en la Ciudad de México: Directorio de médicas y médicos tradicionales indígenas, presentado por la entonces secretaria Larisa Ortiz Quintero. El directorio, se basó en los folios asignados por el Consejo de Pueblos, adicionó algunos registros y es resultado de una investigación que comenzó en el 2011, se retomó en 2019, y reúne a 144 médicos y médicas tradicionales con nombre, especialidad, trayectoria y ubicación. Varios de los nombres que aparecen ahí provienen de aquella primera generación de reconocimientos. El libro no sustituye los folios de 2011; los continúa y los hace visibles. Es la prueba pública de que la identificación inicial dejó huella y de que la ciudad puede trazar una línea de continuidad entre sus primeros reconocimientos y los registros actuales.

¿Qué significa todo esto? Significa que la medicina tradicional de los pueblos originarios de la Ciudad de México dejó de ser, en términos institucionales, una ausencia. Durante la Colonia y buena parte de la vida independiente, cinco siglos, los médicos tradicionales fueron perseguidos, ridiculizados o simplemente ignorados por las instituciones oficiales. Que en la primera década del siglo XXI una instancia del gobierno civil de la capital decidiera identificarlos, evaluarlos y reconocerlos por escrito constituyó un cambio de actitud de enorme trascendencia. No fue un hecho frecuente en América Latina, y en México representó un precedente de vanguardia que después las normas constitucionales y legales vinieron a confirmar.

Los médicos tradicionales son tesoro y orgullo de México y de sus pueblos indígenas. Lo son por lo que saben, por lo que transmiten y por lo que sostienen. La herbolaria, las limpias, el temazcal, la partería, la sobada, la huesería: cada una de esas prácticas es un sistema de conocimiento con su propia lógica, su propia historia y su propia eficacia. Quienes las ejercen no son curiosidades etnográficas ni sobrevivientes de un pasado que se extingue. Son portadores de un patrimonio vivo, que se recrea y se transmite, y que enriquece la vida de la ciudad. Reconocerlos por escrito, con nombre y folio, fue un acto de justicia cultural. No una concesión graciosa, sino el reconocimiento de una deuda largamente postergada.

Hoy, cuando la Constitución federal reconoce a quienes ejercen la medicina tradicional y cuando la Ciudad de México tiene un directorio público oficial de médicos y médicas tradicionales, conviene volver la mirada a aquel 17 de octubre de 2011. No para lamentar lo que falta, sino para valorar lo que se hizo. Un grupo de médicos tradicionales, el liderazgo histórico del Consejo de Pueblos y Barrios, un consejo de gobierno y varias asambleas comunitarias lograron, en conjunto, algo que no tenía precedente: que el Estado dejara constancia escrita de que esos saberes existían y de que sus portadores merecían respeto institucional. 

Los folios que salieron de ese proceso no son un papel cualquiera. Son la prueba de que la cultura indígena puede ser reconocida en los hechos y no solo en las declaraciones. Y son, también, un recordatorio de que el reconocimiento no termina con la firma de un documento: continúa cada vez que una institución decide no empezar de cero y honrar su propia memoria.

La tícitl y sobera Leonor Alpízar, una de las sinodales para el registro de los médicos tradicionales en el Consejo de Pueblos y Barrios
Con un atuendo de Tezcatlipoca, Fabiola Poblano Ramos, principal protagonista del reconocimiento oficial a médicos tradicionales y artesanos en México. En la foto se encuentra encabezando en 2025 una ceremonia durante la celebración de “Tenochtitlan 700 Años”, en la que ella fue parte de la comisión organizadora con el grupo JAPSUN, la UPREZ y otras organizaciones. En la foto la acompañan miembros del Tlahtocan y del Consejo Autonómo de Pueblos y Barrios Originarios.
En la foto la Sra. Irma, mexicanista, el tícitl médico tradicional Daniel Vargas Anaya y el Dr. Jorge López Salgado, durante una de las primeros eventos de la Fiesta de Pueblos y Barrios Originarios y comunidades residentes de Ciudad de Mexico

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